La muerte de ocho periodistas fue uno de los capítulos más estremecedores de la guerra interna y marcó a fuego a una generación. El ejemplo que nos dieron sigue intacto.
El país rinde homenaje hoy a los ocho periodistas asesinados en los páramos de Uchuraccay, en una fecha que, desde octubre de 2002, ha quedado instituida como Día de los Mártires del Periodismo. Han pasado treinta años desde el sacrificio de esas vidas jóvenes, que pagaron de un modo atroz su terca devoción por la verdad, que los llevó a aventurarse en tierras donde los conceptos de paz, fraternidad y derechos humanos habían quedado abolidos por la violencia, aplicada desde lados de signo contrario con igual ferocidad.
Hasta Uchuraccay llegaron los periodistas Willy Retto y Jorge Luis Mendívil Trelles de El Observador, Eduardo de la Piniella de El Diario de Marka, Octavio Infante de Noticias de Ayacucho, Amador García de la revista Oiga, Pedro Sánchez, Félix Gavilán –quien los guiaba– y Jorge Sedano Falcón de La República. Ninguno de ellos retornó con vida. ¿Se sabrá alguna vez lo que ocurrió? Creemos que no: cinco años de proceso judicial solo sirvieron para ocultar más la verdad tras una montaña de legajos. El juicio concluyó con la condena de dos comuneros a quince años de prisión. Un tercer acusado, Simeón Auccatoma Quispe, el viejo varayoc de la comunidad, ya había muerto en la cárcel.
135 comuneros de Uchuraccay perdieron la vida o desaparecieron en los años que siguieron a la masacre, nos dice el Informe Final de la CVR. Fueron los más débiles, los ninguneados de siempre –como los llama Juan Rulfo– los que pagaron, en vez de los reales culpables, aquellos que impulsaron a los comuneros a matar a “todo aquel que llegara a pie a sus poblados”. Después de Uchuraccay, otros 29 periodistas fueron asesinados o desaparecieron en veinte años de guerra interna.
Por eso se ha hecho bien al instituir esta fecha y así impedir que el ejemplo de estos inocentes se borre y “el agua sucia de nuestra mala memoria” (Jean Cayrol) arrase con la que debe ser una huella indeleble, pues se trató de uno de los más heroicos sacrificios de una profesión que, como pocas, pagó con precio cruel su amor por el oficio.
Aunque hayan pasado treinta años, las tumbas vacías de Uchuraccay nos siguen interpelando con la fuerza del primer día. En esa comunidad hoy perdida en el mapa ocurrió un hecho que por su atrocidad sacudió nuestras conciencias, el mismo que actuó como detonante indeseable, revelando a muchos el rostro inhumano y fratricida de la violencia que trataban de imponernos e imponer al conjunto de la sociedad.
Ante las sombras evocadas de esos ocho colegas –y de los muchos que cayeron después de ellos–, los periodistas honestos renovamos cada año nuestro juramento de lealtad a los valores de una profesión hermosa como pocas, siempre que sea ejercida con veracidad, honestidad e independencia.
Bien sabemos que esta reivindicación no mitiga el dolor lacerante de los familiares y amigos que vieron desaparecer para siempre esas vidas jóvenes, pero queda el consuelo de que con el correr del tiempo los mártires de Uchuraccay se han transformado en paradigma para quienes intentamos hacer un periodismo serio, veraz y ético. Estamos seguros de que es así como ellos querían ser recordados, y es así como lo hacemos aquí. (EDITORIAL:LAREPÚBLICA)
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UCHURACCAY LA HISTORIA JAMÁS CONTADA:
Hoy Sabado 26 de enero se cumplen 30 años de la masacre en Uchuraccay, a 4,000 metros sobre el nivel del mar.
Murieron los periodistas: Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez y Félix Gavilán, de El Diario de Marka; Jorge Mendívil y Willy Retto, de El Observador; Jorge Sedano, de La República; Octavio Infante, de Noticias de Ayacucho; y Amador García de la revista Oiga. También perecieron el guía Juan Argumedo y el uchuraccaíno Severino Huáscar, que se habría opuesto a la matanza.
Aquel verano de 1983, arreciaba la guerra contra Sendero Luminoso en las alturas de Ayacucho. Las Fuerzas Armadas tenían a cargo el control de varias provincias, declaradas en emergencia en diciembre de 1982. En la aldea de Huaychao, cerca a Uchuraccay, las autoridades reportaron la matanza de subversivos a manos del pueblo. Los reporteros viajaban al lugar de los hechos cuando encontraron la muerte.
Según las investigaciones oficiales, los comuneros de Uchuraccay mataron a los periodistas porque los confundieron con subversivos. Sin embargo, también se ha alegado cierta participación de los militares, acaso como promotores indirectos de que los comuneros ejecuten senderistas o incluso como integrantes activos de las hordas.
Cuatro días después de la matanza, los cuerpos de los reporteros fueron hallados en cuatro fosas en Uchuraccay. Óscar Retto, padre de Willy, notó que faltaba la cámara fotográfica a color de su hijo. Cuando, tres meses después, un campesino le reveló a los fiscales dónde estaba, pudieron recuperar las imágenes del instante mismo en que la muerte los cercó.
Las nueve fotos que obtuvo Willy Retto muestran el encuentro entre los viajeros y los comuneros de Uchuraccay. “Son como un contacto desde más allá con mi hijo”, resume el padre, que no ha cejado en su búsqueda de justicia. Óscar Retto sostiene la tesis de la participación militar en la masacre, no solo azuzando sino de manera activa.
“Se ve alguien con un blue jean que no usan los campesinos. Los militares no querían que se revele las matanzas que hacían en los poblados de Ayacucho”, asevera Retto.
En 1988, el Poder Judicial confirmó la pena de prisión a los comuneros Dionisio Morales y Mariano Ccasani. Además, dispuso remitir el expediente al Juzgado de Huanta, Ayacucho, para que procese a militares y policías por presuntos delitos contra la administración de justicia y los deberes de función y profesionales. No obstante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Informe 62/10 subraya que “el Estado no ha informado sobre otras medidas adoptadas al respecto”.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) concluyó que en la matanza de los ocho periodistas “no se constata la presencia de infantes de marina ni miembros de la entonces Guardia Civil (sinchis) como perpetradores directos del hecho”. Sin embargo, menciona el respaldo e incentivos que autoridades militares y políticas dieron a los comuneros que ejecutaban subversivos. Asimismo, reveló que 135 uchuraccaínos murieron en 1983 y 1984, víctimas de Sendero, las rondas campesinas o los agentes.
Hasta el 2008, el Poder Judicial ha ordenado la captura de otros 14 comuneros que habrían participado en la matanza y están considerados “reos ausentes”. No obstante, 10 nombres figuran entre los 135 asesinados de Uchuraccay registrados por la CVR.
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